PRISIÓN PROVISIONAL Y PROCESAMIENTO POR REBELIÓN

En relación con el auto de 23 de marzo de 2018 por el cual el instructor del Tribunal Supremo acuerda la prisión provisional de diferentes procesados en la causa seguida por delito de rebelión, Ágora Judicial efectúa las siguientes consideraciones:

1. Hay que recordar que la judicialización de un problema político como el que se vive en Cataluña no sólo es inapropiada sino que en ningún caso lo resolverá e, incluso, es muy probable que lo empeore.

2. Una vez judicializado el problema político, es responabilidad exclusiva del poder judicial y, en este caso, de la jurisdicción penal darle el alcance jurídico que esté justificado en función de la relevancia penal de los hechos y lo tiene que hacer según criterios jurídicos y no políticos y según el principio de legalidad y no el de oportunidad. Así lo impone el principio de separación de poderes.

3. Ágora Judicial, como ya ha dicho en otras ocasiones, pone en entredicho que se den los elementos típicos del delito de rebelión, especialmente la violencia, hecho que se tendría que tener en cuenta al analizar la conveniencia de proseguir la instrucción o de adoptar medidas cautelares como la prisión preventiva.

4. En cualquier caso, la prisión preventiva es por su propia naturaleza una medida excepcional, que se tiene que adoptar de manera restrictiva. Tiene que concurrir alguna de sus tres finalidades (riesgo de fuga, de reiteración delictiva o de destrucción de pruebas). Estos riesgos se tienen que valorar de manera individualizada para cada procesado y no pueden consistir en valoraciones de la conducta futura del procesado basadas en consideraciones ideológicas, en actuaciones de terceras personas o en la solidaridad colectiva entre los procesados. Si durante la instrucción se ha acordado una prisión preventiva eludible con fianza y el procesado ha cumplido todas las condiciones impuestas por la instancia judicial y ha comparecido siempre que ha sido citado, no parece justificado cambiar la situación personal en prisión incondicional, especialmente si no se ha producido con posterioridad un cambio relevante de las circunstancias.

5. Si, además, estas medidas restringen el derecho de participación política de los afectados y, en última instancia, de los ciudadanos que los votaron, su desproporción es más notoria. Así mismo, el momento elegido para adoptar estas medidas puede interferir en un proceso político relevante como es la investidura parlamentaria de un presidente de la Generalitat, a pesar de que pocos días antes se había declarado compleja la causa para poder alargar la instrucción.

Barcelona, 23 de marzo de 2018

COMUNICADO SOBRE EL INCREMENTO DE LAS PENSIONES

Ante la reciente decisión del Gobierno del Estado de actualizar las pensiones del Sistema de Seguridad Social solamente en un 0,25%, Ágora Judicial, asociación judicial comprometida en la defensa de los derechos fundamentales y sociales reconocidos en la Constitución y en el Derecho Internacional, manifiesta su convicción de que la política legislativa, iniciada el año 2012, de desvincular la revalorización anual de las pensiones respecto del IPC, entra en contradicción con diversos mandatos constitucionales y de Derecho Internacional:

– En primer lugar, con el art. 50 de la Constitución, que establece la obligación del Estado de garantizar, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica de los/las pensionistas.

– Con normas de derecho internacional como el convenio 102 de la OIT (art. 10), el Código Europeo de Seguridad Social (art. 65.10), la Carta Social Europea (arts. 12.2 y 12.3.) y el 1er protocolo del Convenio Europeo de Derechos humanos, normativa que establece, de forma nítida, la obligación por parte de los Estados de preservar el poder adquisitivo de los pensionistas frente a los incrementos del coste de la vida.

Consideramos, también, que esta política de regresión protectora tiene, además, un evidente impacto negativo de género ya que –estadísticamente y en razón de la perpetuación de roles y la atávica discriminación salarial- son las mujeres las titulares de las pensiones más bajas y quienes, por ello, dado el criterio estrictamente porcentual de la exigua revalorización, se ven más penalizadas.

Como señala el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en sus sentencias de 13.12.16 (Belane Nagy c. Hungría) y de 7.3.17 (Baczúr c. Hungría), el amplio margen de racionalización del que disponen los Estados respecto de sus sistemas de Seguridad social no pueden justificar medidas carentes de toda proporcionalidad ni pueden comportar un sacrificio individual excesivo, ya que la Seguridad Social no deja de ser “la expresión de la solidaridad de la sociedad con sus miembros más vulnerables”.

En definitiva, creemos que esta política legislativa de práctica congelación de las pensiones en los últimos años aboca al empobrecimiento, a la marginación o incluso a la exclusión social de parte de la población, lo cual resulta difícilmente compatible con un régimen que, según el art. 1.1.de la Constitución, se define como social y democrático.

13 de marzo de 2018

EL CGPJ DENIEGA EL REINGRESO A SANTI VIDAL

En relación al acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial de fecha 8 de marzo de 2018 que deniega el reingreso a la carrera judicial al Magistrado Santiago Vidal por “falta de aptitud” como consecuencia de su “falta de lealtad a las Instituciones del Estado y a la Constitución”, queremos manifestar que si bien la LOPJ exige una previa declaración de aptitud (a los efectos de constatar la carencia de antecedentes penales del interesado que solicita el reingreso a la carrera judicial, así como el hecho que no incurrir en ninguna causa de incompatibilidad y que está capacitado también físicamente y psicológicamente para el ejercicio de la función judicial), no regula la posibilidad que esta declaración sea negativa ni los efectos que ello comportaría.
Entendemos, asimismo, que la denegación de su reingreso en los términos en que se hace supone de facto la imposición de una sanción encubierta de suspensión de funciones de duración incierta que no tiene amparo en la LOPJ y que conculca el principio de tipicidad previsto al arte. 25 CE y el resto de principios y garantías que rigen el procedimiento, con vulneración del principio de inamovilidad judicial. Además, la resolución se adopta por un órgano que, en su caso, no tendría atribuida esta competencia.
Hacer depender la posible reconsideración ulterior de su futuro en base al comportamiento público o político o de cuestiones estrictamente ideológicas, especialmente cuando estamos acostumbrados a que destacados y conocidos miembros de la judicatura las emitan sin que se haya iniciado un procedimiento sancionador o un expediente de no idoneidad, constituye una intromisión ilegítima en el terreno de las libertades individuales.

10 de marzo de 2018