COMUNICADO SOBRE EL AMPARO AL JUEZ LLARENA

Desde Ágora Judicial entendemos que uno de los caminos para preservar la independencia judicial es la observancia de manera estricta del principio de división de poderes que podría quedar mermado por el hecho de que el ejecutivo del Estado costee la defensa en la demanda interpuesta contra la actuación particular de un juez.

Este hecho podría ser contrario al principio de responsabilidad personal de los jueces y magistrados proclamado en el artículo 117.1 CE.

La figura del amparo regulada en el artículo 14 LOPJ parte de un presupuesto de hecho de carácter netamente subjetivo. Dicho carácter se matiza por el artículo 319 Reglamento 2/2011 de la Carrera Judicial, siguiendo la línea marcada por la sentencia de la Sala tercera del TS, de 13 de junio de 2008, al decir “Es decir, las amenazas a la independencia judicial en que está pensando este artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial son las que surgen en la esfera de la opinión y pueden proceder tanto del seno de las instituciones públicas cuanto de las formaciones sociales. Por eso, el amparo que el Consejo presta, cuando entiende que es procedente, se mueve en el mismo plano y se concreta en una declaración formal en la que se otorga.”

Los hechos que fundamentarían la inquietud o perturbación de la independencia del juez instructor, el Sr. Pablo LLarena, derivan del ejercicio, por parte de nacionales españoles residentes en países de la UE, de acciones previstas legalmente, la calificación de las cuales sólo puede hacerse por las partes. Ante el ejercicio del derecho consistente en impetrar la tutela judicial, corresponde a los órganos judiciales españoles, de conformidad con la normativa europea de cooperación judicial en materia civil, prestar el auxilio reclamado.

Asimismo, es primordial,  en un Estado de Derecho, el cumplimento de los plazos fijados para la realización de determinadas actuaciones, de forma que su ejecución extemporánea las invalida. En este sentido, el artículo 320 Reglamento 2/2011, determina con claridad que el plazo para solicitar el amparo será de 10 días desde la producción de los hechos o su conocimiento por parte del juez afectado.

Consta como argumento principal en el voto particular al acuerdo de la Comisión Permanente del CGPJ de 16 de agosto de 2018, emitido por la vocal del CGPJ la Sra. Concepción Sáez Rodríguez, la inadmisión de la solicitud de amparo por haber transcurrido los 10 días. El mismo razonamiento aparece en el acuerdo de la Comisión Permanente de 6 de octubre de 2016, al inadmitir por extemporánea una petición de amparo. La respuesta desigual en casos análogos exige una especial motivación para no convertirse en arbitrariedad y trato discriminatorio.

Barcelona, 29 de agosto de 2018