COMUNICADO POR LA DECISIÓN DEL TS EN RELACIÓN AL IMPUESTO SOBRE ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS

ÁGORA JUDICIAL quiere hacerse eco del dictado de la Sentencia núm.1.505, de 16 de octubre de 2018, en virtud de la cual la Sección 2ª de la Sala 3ª del Tribunal Supremo ha establecido como doctrina que es la entidad financiera el sujeto pasivo del impuesto sobre actos jurídicos documentados; y ello, cuando tal impuesto se devenga con motivo de la formalización de una escritura de constitución de préstamo con garantía hipotecaria. ÁGORA JUDICIAL se felicita de una decisión que, amén de esclarecer el verdadero sentido de las normas tributarias, debería traducirse en un claro beneficio para el conjunto de la ciudadanía.

ÁGORA JUDICIAL contempla con suma preocupación la decisión de la presidencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo consistente en someter a reconsideración la nueva doctrina mediante la remisión al Pleno de la Sala 3ª de otro recurso de casación que verse sobre la misma controversia. Somos conscientes del impacto que la Sentencia de 16 de octubre de 2018 ha tenido en los consejos de administración de las entidades financieras. Unas entidades financieras que en muchos casos han venido disfrutando de importantes ayudas a costa del contribuyente. Pero nos preocupa mucha más que pueda quedar (más) maltrecha la imagen de la Justicia ante la opinión pública, la cual puede formarse un criterio de que nuestras instituciones son fuertes con los débiles y débiles con los fuertes. O peor aún: que la verdadera norma suprema de este país no es la Constitución sino la fuerza del dinero.

Barcelona, 19 de octubre de 2018

Ágora Judicial quiere hacer patente  el error existente en la nota informativa enviada  al correo interasociativo de la carrera judicial y  hecha pública a través del twitter  oficial de JjpD  en el día de ayer.    En la misma se hace constar que las asociaciones judiciales y  fiscales se reunieron el dia 3 de septiembre con el grupo parlamentario del Partido Popular. Al respecto Ágora Judicial manifiesta que nunca se ha reunido con dicho grupo parlamentario, ni ha recibido petición alguna en el mismo sentido.

Barcelona, 5 de septiembre de 2018

COMUNICADO SOBRE EL AMPARO AL JUEZ LLARENA

Desde Ágora Judicial entendemos que uno de los caminos para preservar la independencia judicial es la observancia de manera estricta del principio de división de poderes que podría quedar mermado por el hecho de que el ejecutivo del Estado costee la defensa en la demanda interpuesta contra la actuación particular de un juez.

Este hecho podría ser contrario al principio de responsabilidad personal de los jueces y magistrados proclamado en el artículo 117.1 CE.

La figura del amparo regulada en el artículo 14 LOPJ parte de un presupuesto de hecho de carácter netamente subjetivo. Dicho carácter se matiza por el artículo 319 Reglamento 2/2011 de la Carrera Judicial, siguiendo la línea marcada por la sentencia de la Sala tercera del TS, de 13 de junio de 2008, al decir “Es decir, las amenazas a la independencia judicial en que está pensando este artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial son las que surgen en la esfera de la opinión y pueden proceder tanto del seno de las instituciones públicas cuanto de las formaciones sociales. Por eso, el amparo que el Consejo presta, cuando entiende que es procedente, se mueve en el mismo plano y se concreta en una declaración formal en la que se otorga.”

Los hechos que fundamentarían la inquietud o perturbación de la independencia del juez instructor, el Sr. Pablo LLarena, derivan del ejercicio, por parte de nacionales españoles residentes en países de la UE, de acciones previstas legalmente, la calificación de las cuales sólo puede hacerse por las partes. Ante el ejercicio del derecho consistente en impetrar la tutela judicial, corresponde a los órganos judiciales españoles, de conformidad con la normativa europea de cooperación judicial en materia civil, prestar el auxilio reclamado.

Asimismo, es primordial,  en un Estado de Derecho, el cumplimento de los plazos fijados para la realización de determinadas actuaciones, de forma que su ejecución extemporánea las invalida. En este sentido, el artículo 320 Reglamento 2/2011, determina con claridad que el plazo para solicitar el amparo será de 10 días desde la producción de los hechos o su conocimiento por parte del juez afectado.

Consta como argumento principal en el voto particular al acuerdo de la Comisión Permanente del CGPJ de 16 de agosto de 2018, emitido por la vocal del CGPJ la Sra. Concepción Sáez Rodríguez, la inadmisión de la solicitud de amparo por haber transcurrido los 10 días. El mismo razonamiento aparece en el acuerdo de la Comisión Permanente de 6 de octubre de 2016, al inadmitir por extemporánea una petición de amparo. La respuesta desigual en casos análogos exige una especial motivación para no convertirse en arbitrariedad y trato discriminatorio.

Barcelona, 29 de agosto de 2018

COMUNICADO EN RELACIÓN CON LA RETIRADA DE LA EURO ORDEN ALEMANA

Àgora Judicial, en relación con la retirada en el día de hoy de la euro orden contra Carles Puigdemont, Antoni Comí, Lluis Puig, Meritxell Serret, Clara Ponsatí y Marta Rovira, expresa su sorpresa y preocupación por como la estrategia y el principio de oportunidad, más que el de legalidad, están guiando esta instrucción. No tenemos constancia de precedentes similares en los que una instancia judicial haya retirado una euro orden previamente emitida por temor a que sea denegada (como en el caso previo belga) o porque no sea atendida por todos los delitos (como en el presente caso alemán). La imagen exterior de la justicia española no se puede permitir este tipo de actuaciones en las que parece que consideraciones estratégicas e incluso estéticas (evitar un juicio asimétrico con dos grupos de acusados) pasen por delante de consideraciones de legalidad estricta, como el deber de todo juez de perseguir delitos que, erróneamente o no, crea que se han cometido

Barcelona, 19 de julio de 2018

COMUNICADO DE ÁGORA JUDICIAL SOBRE EL REQUERIMIENTO DEL PRESIDENTE DEL TS AL GOBIERNO

Ágora Judicial, en relación con el requerimiento del presidente del TS hecho al gobierno español para que actúe ante el juzgado belga donde se está tramitando una demanda civil contra el juez Llarena, manifiesta lo siguiente:
Es, en efecto, una de las funciones del CGPJ y del presidente del TS preservar la independencia de los jueces españoles, pero el ejercicio de esta función no puede suponer, paradójicamente, un ataque o afectación a la independencia de los jueces de otros países de la UE, lo que sería especialmente grave por el hecho de haberla causado la máxima autoridad judicial de un Estado.
Todos los jueces estamos sometidos a la responsabilidad disciplinaria, penal y civil, como garantías del control de nuestra actuación, y el solo hecho de ser demandados civilmente no implica necesariamente un ataque a nuestra independencia. Sorprenden, por impropios, el detalle y la exhaustividad con que el Presidente del TS analiza jurídicamente el contenido y las finalidades de la demanda civil referida, hasta el punto de concluir que “se enmarca en una actuación dirigida a defraudar las garantías de independencia del magistrado del Tribunal Supremo encargado de la causa”, o que “el texto de la demanda revela que, de manera oblicua aunque en absoluto disimulada, lo que se pone en cuestión son las instituciones del Estado español y la propia corrección del Estado”.
Sorprende finalmente el contraste con otros casos de ataques reales a la independencia de concretos jueces en que el CGPJ ha decidido no actuar, hecho que permite plantear si el motivo real de la actual intervención sea no tanto la existencia (o “inexistencia”) de un ataque a la independencia como la trascendencia que desde el CGPJ se atribuye al objeto de la causa penal del “procés” instruida por el juez afectado (es decir, la soberanía y la unidad nacionales).

Barcelona, 11 de julio de 2018

Politización del sistema de designación actual de los vocales del CGPJ

De acuerdo con el informe GRECO de 2017 España no ha cumplido las recomendaciones en relación, entre otras cuestiones, a reforzar la independencia judicial modificando el sistema de elección de los altos cargos jurisdiccionales.
Ágora Judicial ha denunciado, desde su creación, que el sistema de designación actual de los vocales del CGPJ provoca, desde su origen, una marcada politización, puesto que predomina, por encima de todo, el reparto de los puestos por cuotas de partidos políticos. Asimismo hemos exigido el cambio del método de designación de los cargos discrecionales.
Todas las asociaciones judiciales, incluida la nuestra, pedimos que se acabe con la politización de la justicia. Ahora lo hacemos nuevamente, a raíz de la propuesta presentada por el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados que insta al CGPJ a hacer un seguimiento de las actuaciones llevadas a cabo por ciertos magistrados que han instruido o han sentenciado los procesos penales relacionados con la financiación irregular de este partido político. En este sentido, Ágora Judicial se une al requerimiento hecho al CGPJ para que ampare estos magistrados en el ejercicio efectivo de su independencia judicial.
Sin embargo, la coherencia obliga a denunciar también la politización de la justicia en otros procesos, como el seguido contra políticos catalanes acusados de rebelión. Este caso se puede haber sustraído el conocimiento del asunto de los órganos jurisdiccionales predeterminados por la ley, competentes por razón del lugar de la comisión de los hechos, y del que está conociendo un tribunal, los miembros del cual son nombrados discrecionalmente por un órgano de designación política: el CGPJ.

Barcelona, 6 de julio de 2018