COMUNICADO SOBRE EL NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DEL CGPJ

Ante las informaciones periodísticas que señalan que los partidos políticos PP y PSOE han alcanzado un acuerdo para designar al Presidente del Consejo General del Poder Judicial, consideramos necesario dejar constancia, para su público conocimiento, que la Ley Orgánica del Poder Judicial (artículo 586) establece que son los vocales de dicho órgano quienes proponen y eligen al Presidente, de modo que nadie más está facultado para designar un cargo de tal naturaleza y responsabilidad, y menos cuando ni tan siquiera se han elegido aún a los vocales, ni se ha constituido el nuevo Consejo.
Resulta altamente preocupante que se haya tomado ya la decisión prescindiendo del procedimiento legalmente establecido, y en realidad va a suponer un lastre de inicio que perjudica más aún la imagen de la institución y constituye un golpe muy duro a la reivindicada independencia judicial, ya de por si puesta en entredicho debido a diversas decisiones polémicas. Pero, además, esta designación, a todas luces irregular, muy posiblemente va a condicionar la elección de los vocales que integrarán el nuevo Consejo en función de la aceptación o no del candidato a la Presidencia no propuesto por ellos, sino por los partidos políticos.

Barcelona, 12 de noviembre de 2018

ACUSACIÓN PROVISIONAL DE LA FISCALIA EN LA CAUSA DEL “PROCÉS”

Ágora judicial, en relación con el escrito de acusación provisional presentado por la Fiscalía en el marco de la causa penal seguida por el “Procés”, expresa su enorme sorpresa y gran preocupación por el hecho de que el relato que se ha ido construyendo durante la instrucción haya accedido a la fase de acusación y juicio, incluso a instancia del Ministerio Público, que, según el art. 124.2 de la tan citada Constitución, tiene que actuar, en todo caso, con respeto a los principios de imparcialidad y defensa de la legalidad.
Calificar los hechos ocurridos en la realidad como constitutivos de un delito de rebelión no parece que pueda superar un análisis objetivo e imparcial que atienda al principio de legalidad penal. De nuevo hay que reiterar que, descartada la vía de la negociación política i judicializado el conflicto, el hecho de que ciertos actos protagonizados por los acusados hayan podido infringir el orden constitucional puede implicar su falta de eficacia jurídica, si así lo considera el TC. Ello no obstante, sólo pueden ser constitutivos de delito si están tipificados en el Código Penal, y en el caso de la rebelión, como han señalado destacados exmiembros de la judicatura, es palmario y notorio que no se ha dado el elemento nuclear y esencial de un levantamiento violento, general y deliberado para obtener la declaración de independencia. No hay que olvidar que en el derecho penal moderno no se pueden penar los delitos de mero pensamiento y que no está tipificado en el Código Penal un delito de rebelión por imprudencia, por lo que, en contra de lo que parece desprenderse de ciertas resoluciones dictadas en la instrucción y en el escrito de acusación, debería ser irrelevante lo que los acusados pudieron pensar que podría haber llegado a ocurrir en un hipotético futuro: se tiene que producir, simplemente, un levantamiento público y violento objetivamente constatable.
Ágora Judicial ya ha dicho en varias ocasiones que al calificar los hechos no se puede acudir a una concepción extensiva del derecho penal incompatible con el contenido material de los derechos fundamentales de reunión, manifestación y expresión en el marco de un estado democrático. En todo caso, sorprende la extraña insistencia, en sede de instrucción y ahora también de acusación (a pesar de la extensión del escrito), en sostener que las fuerzas y cuerpos de seguridad se limitaban el día 1-O a cumplir un mandado judicial y omitir, al mismo tiempo, un dato aparentemente relevante como es el hecho de que la resolución judicial que ordenaba impedir la celebración del referéndum preveía igualmente que la actuación policial tenía que llevarse a cabo sin alterar o afectar la normal convivencia ciudadana. En ocasiones son las omisiones y lo que se silencia lo que pone de manifiesto si se está actuando o no con respeto al principio de imparcialidad previsto, para el Ministerio Fiscal, en el art. 124.2 de la Constitución.
Nadie está en posesión de la verdad absoluta, y mucho menos Ágora Judicial, pero cuando la falta de correspondencia entre la realidad y una actuación judicial que la analiza se presenta con tanta claridad y tanta intensidad, no sólo es posible sino también deseable, e incluso obligatoria, la crítica constructiva de esa actuación. Especialmente cuando estas decisiones no sólo afectan al derecho a la libertad de los acusados sino también, de manera indirecta, al conjunto de la sociedad española, resida o no en Catalunya, ya que, en estos contextos, una concepción extensiva del derecho penal implica, indefectiblemente, un ámbito más restrictivo y limitado para el ejercicio de los derechos fundamentales.

Barcelona, 3 de noviembre de 2018

COMUNICADO POR LA DECISIÓN DEL TS EN RELACIÓN AL IMPUESTO SOBRE ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS

ÁGORA JUDICIAL quiere hacerse eco del dictado de la Sentencia núm.1.505, de 16 de octubre de 2018, en virtud de la cual la Sección 2ª de la Sala 3ª del Tribunal Supremo ha establecido como doctrina que es la entidad financiera el sujeto pasivo del impuesto sobre actos jurídicos documentados; y ello, cuando tal impuesto se devenga con motivo de la formalización de una escritura de constitución de préstamo con garantía hipotecaria. ÁGORA JUDICIAL se felicita de una decisión que, amén de esclarecer el verdadero sentido de las normas tributarias, debería traducirse en un claro beneficio para el conjunto de la ciudadanía.

ÁGORA JUDICIAL contempla con suma preocupación la decisión de la presidencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo consistente en someter a reconsideración la nueva doctrina mediante la remisión al Pleno de la Sala 3ª de otro recurso de casación que verse sobre la misma controversia. Somos conscientes del impacto que la Sentencia de 16 de octubre de 2018 ha tenido en los consejos de administración de las entidades financieras. Unas entidades financieras que en muchos casos han venido disfrutando de importantes ayudas a costa del contribuyente. Pero nos preocupa mucha más que pueda quedar (más) maltrecha la imagen de la Justicia ante la opinión pública, la cual puede formarse un criterio de que nuestras instituciones son fuertes con los débiles y débiles con los fuertes. O peor aún: que la verdadera norma suprema de este país no es la Constitución sino la fuerza del dinero.

Barcelona, 19 de octubre de 2018

Ágora Judicial quiere hacer patente  el error existente en la nota informativa enviada  al correo interasociativo de la carrera judicial y  hecha pública a través del twitter  oficial de JjpD  en el día de ayer.    En la misma se hace constar que las asociaciones judiciales y  fiscales se reunieron el dia 3 de septiembre con el grupo parlamentario del Partido Popular. Al respecto Ágora Judicial manifiesta que nunca se ha reunido con dicho grupo parlamentario, ni ha recibido petición alguna en el mismo sentido.

Barcelona, 5 de septiembre de 2018

COMUNICADO SOBRE EL AMPARO AL JUEZ LLARENA

Desde Ágora Judicial entendemos que uno de los caminos para preservar la independencia judicial es la observancia de manera estricta del principio de división de poderes que podría quedar mermado por el hecho de que el ejecutivo del Estado costee la defensa en la demanda interpuesta contra la actuación particular de un juez.

Este hecho podría ser contrario al principio de responsabilidad personal de los jueces y magistrados proclamado en el artículo 117.1 CE.

La figura del amparo regulada en el artículo 14 LOPJ parte de un presupuesto de hecho de carácter netamente subjetivo. Dicho carácter se matiza por el artículo 319 Reglamento 2/2011 de la Carrera Judicial, siguiendo la línea marcada por la sentencia de la Sala tercera del TS, de 13 de junio de 2008, al decir “Es decir, las amenazas a la independencia judicial en que está pensando este artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial son las que surgen en la esfera de la opinión y pueden proceder tanto del seno de las instituciones públicas cuanto de las formaciones sociales. Por eso, el amparo que el Consejo presta, cuando entiende que es procedente, se mueve en el mismo plano y se concreta en una declaración formal en la que se otorga.”

Los hechos que fundamentarían la inquietud o perturbación de la independencia del juez instructor, el Sr. Pablo LLarena, derivan del ejercicio, por parte de nacionales españoles residentes en países de la UE, de acciones previstas legalmente, la calificación de las cuales sólo puede hacerse por las partes. Ante el ejercicio del derecho consistente en impetrar la tutela judicial, corresponde a los órganos judiciales españoles, de conformidad con la normativa europea de cooperación judicial en materia civil, prestar el auxilio reclamado.

Asimismo, es primordial,  en un Estado de Derecho, el cumplimento de los plazos fijados para la realización de determinadas actuaciones, de forma que su ejecución extemporánea las invalida. En este sentido, el artículo 320 Reglamento 2/2011, determina con claridad que el plazo para solicitar el amparo será de 10 días desde la producción de los hechos o su conocimiento por parte del juez afectado.

Consta como argumento principal en el voto particular al acuerdo de la Comisión Permanente del CGPJ de 16 de agosto de 2018, emitido por la vocal del CGPJ la Sra. Concepción Sáez Rodríguez, la inadmisión de la solicitud de amparo por haber transcurrido los 10 días. El mismo razonamiento aparece en el acuerdo de la Comisión Permanente de 6 de octubre de 2016, al inadmitir por extemporánea una petición de amparo. La respuesta desigual en casos análogos exige una especial motivación para no convertirse en arbitrariedad y trato discriminatorio.

Barcelona, 29 de agosto de 2018

COMUNICADO EN RELACIÓN CON LA RETIRADA DE LA EURO ORDEN ALEMANA

Àgora Judicial, en relación con la retirada en el día de hoy de la euro orden contra Carles Puigdemont, Antoni Comí, Lluis Puig, Meritxell Serret, Clara Ponsatí y Marta Rovira, expresa su sorpresa y preocupación por como la estrategia y el principio de oportunidad, más que el de legalidad, están guiando esta instrucción. No tenemos constancia de precedentes similares en los que una instancia judicial haya retirado una euro orden previamente emitida por temor a que sea denegada (como en el caso previo belga) o porque no sea atendida por todos los delitos (como en el presente caso alemán). La imagen exterior de la justicia española no se puede permitir este tipo de actuaciones en las que parece que consideraciones estratégicas e incluso estéticas (evitar un juicio asimétrico con dos grupos de acusados) pasen por delante de consideraciones de legalidad estricta, como el deber de todo juez de perseguir delitos que, erróneamente o no, crea que se han cometido

Barcelona, 19 de julio de 2018