COMUNICADO EN RELACIÓN CON LA RETIRADA DE LA EURO ORDEN ALEMANA

Àgora Judicial, en relación con la retirada en el día de hoy de la euro orden contra Carles Puigdemont, Antoni Comí, Lluis Puig, Meritxell Serret, Clara Ponsatí y Marta Rovira, expresa su sorpresa y preocupación por como la estrategia y el principio de oportunidad, más que el de legalidad, están guiando esta instrucción. No tenemos constancia de precedentes similares en los que una instancia judicial haya retirado una euro orden previamente emitida por temor a que sea denegada (como en el caso previo belga) o porque no sea atendida por todos los delitos (como en el presente caso alemán). La imagen exterior de la justicia española no se puede permitir este tipo de actuaciones en las que parece que consideraciones estratégicas e incluso estéticas (evitar un juicio asimétrico con dos grupos de acusados) pasen por delante de consideraciones de legalidad estricta, como el deber de todo juez de perseguir delitos que, erróneamente o no, crea que se han cometido

Barcelona, 19 de julio de 2018

COMUNICADO DE ÁGORA JUDICIAL SOBRE EL REQUERIMIENTO DEL PRESIDENTE DEL TS AL GOBIERNO

Ágora Judicial, en relación con el requerimiento del presidente del TS hecho al gobierno español para que actúe ante el juzgado belga donde se está tramitando una demanda civil contra el juez Llarena, manifiesta lo siguiente:
Es, en efecto, una de las funciones del CGPJ y del presidente del TS preservar la independencia de los jueces españoles, pero el ejercicio de esta función no puede suponer, paradójicamente, un ataque o afectación a la independencia de los jueces de otros países de la UE, lo que sería especialmente grave por el hecho de haberla causado la máxima autoridad judicial de un Estado.
Todos los jueces estamos sometidos a la responsabilidad disciplinaria, penal y civil, como garantías del control de nuestra actuación, y el solo hecho de ser demandados civilmente no implica necesariamente un ataque a nuestra independencia. Sorprenden, por impropios, el detalle y la exhaustividad con que el Presidente del TS analiza jurídicamente el contenido y las finalidades de la demanda civil referida, hasta el punto de concluir que “se enmarca en una actuación dirigida a defraudar las garantías de independencia del magistrado del Tribunal Supremo encargado de la causa”, o que “el texto de la demanda revela que, de manera oblicua aunque en absoluto disimulada, lo que se pone en cuestión son las instituciones del Estado español y la propia corrección del Estado”.
Sorprende finalmente el contraste con otros casos de ataques reales a la independencia de concretos jueces en que el CGPJ ha decidido no actuar, hecho que permite plantear si el motivo real de la actual intervención sea no tanto la existencia (o “inexistencia”) de un ataque a la independencia como la trascendencia que desde el CGPJ se atribuye al objeto de la causa penal del “procés” instruida por el juez afectado (es decir, la soberanía y la unidad nacionales).

Barcelona, 11 de julio de 2018

Politización del sistema de designación actual de los vocales del CGPJ

De acuerdo con el informe GRECO de 2017 España no ha cumplido las recomendaciones en relación, entre otras cuestiones, a reforzar la independencia judicial modificando el sistema de elección de los altos cargos jurisdiccionales.
Ágora Judicial ha denunciado, desde su creación, que el sistema de designación actual de los vocales del CGPJ provoca, desde su origen, una marcada politización, puesto que predomina, por encima de todo, el reparto de los puestos por cuotas de partidos políticos. Asimismo hemos exigido el cambio del método de designación de los cargos discrecionales.
Todas las asociaciones judiciales, incluida la nuestra, pedimos que se acabe con la politización de la justicia. Ahora lo hacemos nuevamente, a raíz de la propuesta presentada por el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados que insta al CGPJ a hacer un seguimiento de las actuaciones llevadas a cabo por ciertos magistrados que han instruido o han sentenciado los procesos penales relacionados con la financiación irregular de este partido político. En este sentido, Ágora Judicial se une al requerimiento hecho al CGPJ para que ampare estos magistrados en el ejercicio efectivo de su independencia judicial.
Sin embargo, la coherencia obliga a denunciar también la politización de la justicia en otros procesos, como el seguido contra políticos catalanes acusados de rebelión. Este caso se puede haber sustraído el conocimiento del asunto de los órganos jurisdiccionales predeterminados por la ley, competentes por razón del lugar de la comisión de los hechos, y del que está conociendo un tribunal, los miembros del cual son nombrados discrecionalmente por un órgano de designación política: el CGPJ.

Barcelona, 6 de julio de 2018

COMUNICADO SOBRE LA SENTENCIA DE “LA MANADA”

La sentencia 38/2018 de la Audiencia Provincial de Navarra, recaída en el caso conocido como de “La Manada”, ha provocado múltiples manifestaciones de indignación y rechazo por amplísimos sectores de la sociedad, que han tenido como respuesta, desde ámbitos judiciales y mediáticos, la llamada al respeto a las resoluciones judiciales y a la aceptación acrítica de nuestro sistema de justicia, confiando en que el sistema interno de recursos es suficiente garantía de preservación del derecho.

Ágora Judicial entiende que estas manifestaciones, no sólo amparadas en el derecho a la libertad de expresión, sino también en la defensa de un sistema de justicia que garantice el derecho fundamental a la efectiva igualdad entre mujeres y hombres, no son merecedoras de la más mínima desconsideración y menos de rechazo, bajo el pretexto de suponer que socaban la confianza de los ciudadanos en el Poder Judicial.

La sentencia 38/2018 no ha generado protestas por sus aspectos formales u otros que pudiéramos llamar de tipo “técnico”, sino porque la valoración que en ella se hace de los hechos que la misma declara probados, resulta incompatible con la consideración que actualmente es exigible de la libertad y la dignidad de la mujer.

Las circunstancias que, en el caso, llevaron a la víctima al lugar del delito con sus agresores fueron, según la propia sentencia, las siguientes: en la puerta de acceso a un edificio que estaba abierta, uno de los cinco varones con los que iba la mujer “tiró de ella hacia él, cogiéndole de la otra mano A.J.C.; ambos la apremiaron a entrar en el portal tirando de “la denunciante”, quien de esa guisa entró en el recinto de modo súbito y repentino… llegaron a la puerta ubicada en el interior de portal, situada a la izquierda de los ascensores, de vinilo traslúcido, mediante la que se accede a un rellano, entrando a este espacio, tras subir un tramo de cinco peldaños se accede a otro rellano, girando a la izquierda desde este espacio se accede por tres escalones a un habitáculo de forma irregular y tamaño reducido (unos 3 m²); concretamente se trata de una zona sin salida de 2,73 cm de largo, por 1,02 cm de ancho y 1,63 cm de ancho en la parte más amplia… De este modo fue dirigida por los procesados al habitáculo que se acaba de describir, donde los acusados le rodearon. Al encontrarse en esta situación, en el lugar recóndito y angosto descrito, con una sola salida, rodeada por cinco varones, de edades muy superiores y fuerte complexión, conseguida conforme a lo pretendido y deseado por los procesados y querida por estos, “la denunciante” se sintió impresionada y sin capacidad de reacción. En ese momento notó…”.

Parémonos aquí.

Si a partir de este momento la víctima hubiera notado que le cogían la cartera con el dinero, pongamos por caso, a nadie se le ocurriría calificar la sustracción de hurto, por ausencia de intimidación, sino que a buen seguro cualquier entendido en derecho penal calificaría la sustracción de robo con intimidación, cuanto menos. Entonces ¿por qué, si a partir de aquel momento lo que los procesados quitaron a la víctima no fue la cartera, sino la ropa y le impusieron, porque la mujer no tenía “capacidad de reacción”, los actos sexuales que en la sentencia se describen, se puede sostener que en esta actuación no hubo intimidación?.

Esto es lo que no se puede entender por quienes protestan por la sentencia, ni por nadie que defienda la efectiva igualdad entre hombres y mujeres, superando la secular cosificación patriarcal de las mujeres.

28 de abril de 2018

 

ACCIONES DE PROTESTA CONVOCADAS POR ASOCIACIONES JUDICIALES

En relación con las acciones de protesta convocadas para los próximos días por un conjunto de asociaciones de la carrera judicial y fiscal, AGORA JUDICIAL desea expresar:

1. Que comparte las reivindicaciones formuladas por las asociaciones convocantes, en cuanto a una mejora sustancial de las condiciones profesionales de las carreras judicial y fiscal, a la fijación de unas cargas de trabajo razonables y a unas condiciones de jubilación dignas.

2. Que comparte del mismo modo el deseo de una mejora sustancial de los elementos técnicos, materiales y logísticos del Servicio de Justicia, siempre que se respeten las competencias propias de las Comunidades Autónomas.

3. Que no secunda la convocatoria realizada, pues se presenta como una aceptación de la totalidad de las reivindicaciones, no compartiendo algunas de ellas, ni la forma en la que se plantea. Ello no obsta a que los asociados puedan secundarla como opción personal.

En este sentido, manifiesta sus reservas en cuanto a las propuestas relacionadas con la elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial, puesto que el defectuoso funcionamiento del actual sistema de designación parlamentaria puede deberse más a la perversión de su uso que a su inadecuación como modelo.

Considera que cuestiones de esta índole deben abordarse, no de modo puntual y descontextualizado, sino en el marco de una reflexión global de la función jurisdiccional, sin olvidar que cualquier reforma que afecte al modelo de funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial no solo incide en los derechos profesionales de las juezas y jueces sino también en el conjunto de la sociedad.

AGORA JUDICIAL quiere poner de manifiesto la degradación de las condiciones en que se está desempeñando la función jurisdiccional, que comporta una desvalorización de la misma a todos los niveles.

Finalmente, AGORA JUDICIAL debe denunciar, una vez más, la judicialización de la política y la regresión de la tutela judicial de derechos fundamentales de la ciudadanía, en perjuicio de la imagen de la función judicial y del principio de división de poderes. Reivindica, por ello, una reflexión en profundidad, no tanto de la función o de la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, sino del papel del propio Poder Judicial en nuestro Estado Social y Democrático de Derecho, así como de la forma de acceso, selección y formación de los miembros de la carrera judicial.

Barcelona, 4 de abril de 2018

PRISIÓN PROVISIONAL Y PROCESAMIENTO POR REBELIÓN

En relación con el auto de 23 de marzo de 2018 por el cual el instructor del Tribunal Supremo acuerda la prisión provisional de diferentes procesados en la causa seguida por delito de rebelión, Ágora Judicial efectúa las siguientes consideraciones:

1. Hay que recordar que la judicialización de un problema político como el que se vive en Cataluña no sólo es inapropiada sino que en ningún caso lo resolverá e, incluso, es muy probable que lo empeore.

2. Una vez judicializado el problema político, es responabilidad exclusiva del poder judicial y, en este caso, de la jurisdicción penal darle el alcance jurídico que esté justificado en función de la relevancia penal de los hechos y lo tiene que hacer según criterios jurídicos y no políticos y según el principio de legalidad y no el de oportunidad. Así lo impone el principio de separación de poderes.

3. Ágora Judicial, como ya ha dicho en otras ocasiones, pone en entredicho que se den los elementos típicos del delito de rebelión, especialmente la violencia, hecho que se tendría que tener en cuenta al analizar la conveniencia de proseguir la instrucción o de adoptar medidas cautelares como la prisión preventiva.

4. En cualquier caso, la prisión preventiva es por su propia naturaleza una medida excepcional, que se tiene que adoptar de manera restrictiva. Tiene que concurrir alguna de sus tres finalidades (riesgo de fuga, de reiteración delictiva o de destrucción de pruebas). Estos riesgos se tienen que valorar de manera individualizada para cada procesado y no pueden consistir en valoraciones de la conducta futura del procesado basadas en consideraciones ideológicas, en actuaciones de terceras personas o en la solidaridad colectiva entre los procesados. Si durante la instrucción se ha acordado una prisión preventiva eludible con fianza y el procesado ha cumplido todas las condiciones impuestas por la instancia judicial y ha comparecido siempre que ha sido citado, no parece justificado cambiar la situación personal en prisión incondicional, especialmente si no se ha producido con posterioridad un cambio relevante de las circunstancias.

5. Si, además, estas medidas restringen el derecho de participación política de los afectados y, en última instancia, de los ciudadanos que los votaron, su desproporción es más notoria. Así mismo, el momento elegido para adoptar estas medidas puede interferir en un proceso político relevante como es la investidura parlamentaria de un presidente de la Generalitat, a pesar de que pocos días antes se había declarado compleja la causa para poder alargar la instrucción.

Barcelona, 23 de marzo de 2018