¿Es obligatorio hablar en castellano ante el Tribunal Supremo?

Desde Ágora Judicial lamentamos y denunciamos la interpretación restrictiva que ha realizado la Sala Penal del Tribunal Supremo sobre el derecho de un testigo a declarar en catalán, conminándole a las “consecuencias legales” si no declaraba en castellano, interpretación que conducía a interpretar que de no cambiar de lengua se entendería que su decisión podría comportar responsabilidades disciplinarias o penales. Evidentemente, el ciudadano en cuestión cambió de lengua manifestando que si quería declarar.

Recordamos que de las normas básicas reguladoras de la lengua cooficial en el proceso se infiere que toda persona que interviene en un procedimiento judicial seguido en Cataluña tiene derecho a utilizar en sus manifestaciones orales o escritas la lengua oficial que elija, según establece el artículo 231.3 de la LOPJ y 142.3 de la LEC; y que además, el Estatut de 2006, le reconoce el derecho a “recibir toda la documentación oficial emitida en Cataluña en la lengua solicitada” o, como más específicamente se establece en el artículo 13 de la Ley 1/1998, de 7 de enero, de Política Lingüística, a “recibir en la lengua oficial solicitada los testimonios de las sentencias y autos resolutorios que les afecten, sin retraso por razón de lengua”.

Asimismo el art. 9.1.b de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias [BOE 15/09/01,] establece el mandato relativo al compromiso -por parte de España- de «permitir la presentación de documentos … en las lenguas regionales o minoritarias, si fuera necesario recurriendo a … traducciones». Cabe señalar al respecto que el precepto no puede ser interpretado en el sentido de que la parte deba  presentar obligatoriamente los documentos con la correspondiente traducción, no solo porqué en este caso  la norma quedaría privada de sentido atendiendo a su finalidad, sino también porque el criterio de traducción oficial se pone de manifiesto en el previo apartado «ii)», en el que se señala el compromiso de permitir que la «Parte en un litigio que haya de comparecer personalmente ante un Tribunal … se exprese en su lengua regional o minoritaria  sin incurrir por ello en gastos adicionales».  Esta interpretación está refrendada por el art. 33.5 de la LO 6/2006, de 19 de Julio, reformadora del Estatuto de Autonomía de Cataluña; precepto en el que se dispone que los órganos jurisdiccionales de ámbito estatal «deben atender y deben tramitar los escritos presentados en catalán, que tendrán, en todo caso, plena eficacia jurídica». Recordamos que este precepto no fue anulado por la sentencia del TC de 2010.

La referida interpretación puede sentar un terrible precedente para los derechos de los ciudadanos de CCAA con lenguas cooficiales, por tratarse de un retroceso en los derechos proclamados tal como se han venido interpretando en anteriores ocasiones, en la práctica forense.

Así, entendemos que las referencias legales al territorio de la Comunidad Autónoma de lengua cooficial han de extenderse cuando se trata, como es el caso, de un juicio oral en Madrid celebrado en primera instancia y ante un órgano judicial con competencia en todo el Estado.  Y que también han de ser extendidas al testigo que declara, puesto que de otro modo no se permite una declaración fácil, auténtica y espontánea en la lengua propia del ciudadano, al que por mucho que la CE le obligue a conocer el castellano, no se expresará con la misma facilidad, puesto que estará obligado a realizar mentalmente la traducción. En caso contrario se ubica al testigo con lengua propia cooficial distinta al castellano, en una situación peor a la de un testigo extranjero.  Ello supone asimismo una diferencia de trato negativo respecto de las personas que han podido declarar en lengua propia castellana, o que por especial facilidad oratoria han desistido del derecho.

Esta interpretación extensiva y flexible favorable a la expresión en la lengua propia ha sido avalada por resoluciones judiciales anteriores más flexibles y escrupulosas con el derecho de los ciudadanos de lenguas cooficiales (TS Sala Social 31/09; 24-11-2009, admite la lengua cooficial, incluso por escrito, por ejemplo).

No tiene ninguna justificación la rigidez procesal, ni la conminación forzosa al cambio de lengua, ya que sienta un lamentable precedente y provoca un desgaste respecto a la imagen de la objetividad e imparcialidad de la justicia, necesaria para que las personas confíen en la actuación del Alto Tribunal.

Entendemos que el respeto y protección de las lenguas cooficiales también es una labor que vincula a los jueces y tribunales de justicia, al igual que los demás principios establecidos en la Constitución Española (art. 3.3 “La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección), y que forma parte esencial también del derecho la tutela judicial efectiva, reconocido en el art. 24 CE, al mismo nivel que todas las demás exigencias escrupulosas del proceso.  

 Barcelona, 17 de mayo de 2019

RESPUESTA A LA PROPUESTA SOBRE MUJERES EN SITUACIÓN IRREGULAR

La noticia que el PP pretende impulsar una ley para apoyar la maternidad que podría incluir una medida que comportaría que les mujeres “sin papeles” que dieran sus hijos en adopción no fueran expulsadas inmediatamente del país, nos parece alarmante porque, de ser cierta, la propuesta conculcaría derechos humanos fundamentales como la dignidad y la integridad moral, los derechos del niño y de protección de la familia reconocidos en tratados internacionales a la vez que principios básicos como la necesaria solidaridad entre las personas y los pueblos. El índice de natalidad de un país no se puede incrementar incentivando las adopciones en base a la miseria, la falta de recursos de toda índole y la angustia y el miedo de las mujeres que acuden al mismo huyendo de situaciones deplorables. Por estas circunstancies de vida miserable, para darles una vida mejor, la mujer puede dar en adopción a su hijo o hija, lo que por su parte constituye una gran manifestación de amor.
En un mundo globalizado los países más ricos también son responsables de las condiciones de vida de los países menos desarrollados y tienen la obligación de mejorarlas mediante la ayuda e intervenciones internacionales. Procurar soluciones a la problemática de la migración es un reto que los países deben afrontar siempre desde la perspectiva de la protección y el respeto a los derechos humanos, la solidaridad y la integración. Aprovechar situaciones no deseables por desesperadas para intentar rejuvenecer la población envejecida de un país, no solo conculca derechos y principios básicos, sino que convierte la adopción, que debería ser siempre un acto de amor y solidaridad humana, en algo miserable. Dar los hijos e hijas en adopción no es algo que se deba fomentar, como la acción de adoptar, sino que se debe evitar, procurando que no se produzcan aquellas situaciones y condiciones que lo provocan.
La natalidad se incentiva facilitando guarderías gratuitas, remunerando el trabajo de las mujeres igual que el de los hombres, garantizando los derechos laborales durante y después del embarazo, educando en igualdad y procurando, en definitiva, que la maternidad no comporte una carga personal y laboral para las mujeres que les determine a renunciar o a posponer ser madres. Medidas en este sentido es lo que demanda la sociedad a los políticos, es fácil saberlo, ¡el 8 de marzo así se recordó fuerte y alto! Lo que hace falta es quererlo y hacerlo.

Barcelona, 15 de marzo de 2019

8 DE MARZO, UNA VEZ MÁS: MUJERES EN LUCHA, SOBRAN LAS RAZONES

La violencia de género, reflejada en la persistencia de feminicidios, de agresiones sexuales, de incremento de la trata de mujeres y niñas; la precarización del trabajo y la brecha salarial reconocida del 23%; la falta de solidaridad en el reparto del trabajo de cuidados; la falta de dignificación del trabajo especial del Hogar; la falta de protección social, cuando las pensiones que cobran las mujeres, en muchos casos, no permiten satisfacer las necesidades más elementales; la estigmatización que todavía se constata en mujeres lesbianas i trans, i en especial, la marginación de las mujeres migrantes…
El avance hacia la igualdad y la no discriminación por razón de género exige unas políticas sin complejos, decididas y valientes. Más necesaria ahora cuando se están poniendo en cuestión por la ultraderecha política las leyes de violencia de género, que sin duda constituyen una conquista social, puesto que la violencia de género es el más claro exponente de la discriminación por razón de sexo, prohibida por el art. 14 CE.
Después del éxito del año 2018, este 8 de marzo de 2019 es una nueva ocasión de visibilizar la protesta, el rechazo y la exigencia a los poderes públicos para que atiendan las pretensiones de la mitad de la sociedad, que exige unas inversiones prioritarias y también una formación de igualdad de género en todos los sectores de la sociedad, empezando por la escuela y, en especial, los funcionarios y autoridades públicas, incluidos los miembros de la judicatura y del Ministerio Fiscal, que tienen una gran responsabilidad en la tutela judicial efectiva de las víctimas.
Fortalecer la voz de las mujeres y su liderazgo es necesario y debe revertir en la defensa de los derechos humanos más elementales a favor de toda la sociedad, y ello es tarea de tod@s.
Desde Ágora Judicial expresamos todo nuestro apoyo a las movilizaciones feministas.

Barcelona, 6 de marzo de 2019

COMUNICADO SOBRE EL NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DEL CGPJ

Ante las informaciones periodísticas que señalan que los partidos políticos PP y PSOE han alcanzado un acuerdo para designar al Presidente del Consejo General del Poder Judicial, consideramos necesario dejar constancia, para su público conocimiento, que la Ley Orgánica del Poder Judicial (artículo 586) establece que son los vocales de dicho órgano quienes proponen y eligen al Presidente, de modo que nadie más está facultado para designar un cargo de tal naturaleza y responsabilidad, y menos cuando ni tan siquiera se han elegido aún a los vocales, ni se ha constituido el nuevo Consejo.
Resulta altamente preocupante que se haya tomado ya la decisión prescindiendo del procedimiento legalmente establecido, y en realidad va a suponer un lastre de inicio que perjudica más aún la imagen de la institución y constituye un golpe muy duro a la reivindicada independencia judicial, ya de por si puesta en entredicho debido a diversas decisiones polémicas. Pero, además, esta designación, a todas luces irregular, muy posiblemente va a condicionar la elección de los vocales que integrarán el nuevo Consejo en función de la aceptación o no del candidato a la Presidencia no propuesto por ellos, sino por los partidos políticos.

Barcelona, 12 de noviembre de 2018

ACUSACIÓN PROVISIONAL DE LA FISCALIA EN LA CAUSA DEL «PROCÉS»

Ágora judicial, en relación con el escrito de acusación provisional presentado por la Fiscalía en el marco de la causa penal seguida por el «Procés», expresa su enorme sorpresa y gran preocupación por el hecho de que el relato que se ha ido construyendo durante la instrucción haya accedido a la fase de acusación y juicio, incluso a instancia del Ministerio Público, que, según el art. 124.2 de la tan citada Constitución, tiene que actuar, en todo caso, con respeto a los principios de imparcialidad y defensa de la legalidad.
Calificar los hechos ocurridos en la realidad como constitutivos de un delito de rebelión no parece que pueda superar un análisis objetivo e imparcial que atienda al principio de legalidad penal. De nuevo hay que reiterar que, descartada la vía de la negociación política i judicializado el conflicto, el hecho de que ciertos actos protagonizados por los acusados hayan podido infringir el orden constitucional puede implicar su falta de eficacia jurídica, si así lo considera el TC. Ello no obstante, sólo pueden ser constitutivos de delito si están tipificados en el Código Penal, y en el caso de la rebelión, como han señalado destacados exmiembros de la judicatura, es palmario y notorio que no se ha dado el elemento nuclear y esencial de un levantamiento violento, general y deliberado para obtener la declaración de independencia. No hay que olvidar que en el derecho penal moderno no se pueden penar los delitos de mero pensamiento y que no está tipificado en el Código Penal un delito de rebelión por imprudencia, por lo que, en contra de lo que parece desprenderse de ciertas resoluciones dictadas en la instrucción y en el escrito de acusación, debería ser irrelevante lo que los acusados pudieron pensar que podría haber llegado a ocurrir en un hipotético futuro: se tiene que producir, simplemente, un levantamiento público y violento objetivamente constatable.
Ágora Judicial ya ha dicho en varias ocasiones que al calificar los hechos no se puede acudir a una concepción extensiva del derecho penal incompatible con el contenido material de los derechos fundamentales de reunión, manifestación y expresión en el marco de un estado democrático. En todo caso, sorprende la extraña insistencia, en sede de instrucción y ahora también de acusación (a pesar de la extensión del escrito), en sostener que las fuerzas y cuerpos de seguridad se limitaban el día 1-O a cumplir un mandado judicial y omitir, al mismo tiempo, un dato aparentemente relevante como es el hecho de que la resolución judicial que ordenaba impedir la celebración del referéndum preveía igualmente que la actuación policial tenía que llevarse a cabo sin alterar o afectar la normal convivencia ciudadana. En ocasiones son las omisiones y lo que se silencia lo que pone de manifiesto si se está actuando o no con respeto al principio de imparcialidad previsto, para el Ministerio Fiscal, en el art. 124.2 de la Constitución.
Nadie está en posesión de la verdad absoluta, y mucho menos Ágora Judicial, pero cuando la falta de correspondencia entre la realidad y una actuación judicial que la analiza se presenta con tanta claridad y tanta intensidad, no sólo es posible sino también deseable, e incluso obligatoria, la crítica constructiva de esa actuación. Especialmente cuando estas decisiones no sólo afectan al derecho a la libertad de los acusados sino también, de manera indirecta, al conjunto de la sociedad española, resida o no en Catalunya, ya que, en estos contextos, una concepción extensiva del derecho penal implica, indefectiblemente, un ámbito más restrictivo y limitado para el ejercicio de los derechos fundamentales.

Barcelona, 3 de noviembre de 2018

COMUNICADO POR LA DECISIÓN DEL TS EN RELACIÓN AL IMPUESTO SOBRE ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS

ÁGORA JUDICIAL quiere hacerse eco del dictado de la Sentencia núm.1.505, de 16 de octubre de 2018, en virtud de la cual la Sección 2ª de la Sala 3ª del Tribunal Supremo ha establecido como doctrina que es la entidad financiera el sujeto pasivo del impuesto sobre actos jurídicos documentados; y ello, cuando tal impuesto se devenga con motivo de la formalización de una escritura de constitución de préstamo con garantía hipotecaria. ÁGORA JUDICIAL se felicita de una decisión que, amén de esclarecer el verdadero sentido de las normas tributarias, debería traducirse en un claro beneficio para el conjunto de la ciudadanía.

ÁGORA JUDICIAL contempla con suma preocupación la decisión de la presidencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo consistente en someter a reconsideración la nueva doctrina mediante la remisión al Pleno de la Sala 3ª de otro recurso de casación que verse sobre la misma controversia. Somos conscientes del impacto que la Sentencia de 16 de octubre de 2018 ha tenido en los consejos de administración de las entidades financieras. Unas entidades financieras que en muchos casos han venido disfrutando de importantes ayudas a costa del contribuyente. Pero nos preocupa mucha más que pueda quedar (más) maltrecha la imagen de la Justicia ante la opinión pública, la cual puede formarse un criterio de que nuestras instituciones son fuertes con los débiles y débiles con los fuertes. O peor aún: que la verdadera norma suprema de este país no es la Constitución sino la fuerza del dinero.

Barcelona, 19 de octubre de 2018