Ágora Judicial, en relación con el requerimiento del presidente del TS hecho al gobierno español para que actúe ante el juzgado belga donde se está tramitando una demanda civil contra el juez Llarena, manifiesta lo siguiente:
Es, en efecto, una de las funciones del CGPJ y del presidente del TS preservar la independencia de los jueces españoles, pero el ejercicio de esta función no puede suponer, paradójicamente, un ataque o afectación a la independencia de los jueces de otros países de la UE, lo que sería especialmente grave por el hecho de haberla causado la máxima autoridad judicial de un Estado.
Todos los jueces estamos sometidos a la responsabilidad disciplinaria, penal y civil, como garantías del control de nuestra actuación, y el solo hecho de ser demandados civilmente no implica necesariamente un ataque a nuestra independencia. Sorprenden, por impropios, el detalle y la exhaustividad con que el Presidente del TS analiza jurídicamente el contenido y las finalidades de la demanda civil referida, hasta el punto de concluir que “se enmarca en una actuación dirigida a defraudar las garantías de independencia del magistrado del Tribunal Supremo encargado de la causa”, o que “el texto de la demanda revela que, de manera oblicua aunque en absoluto disimulada, lo que se pone en cuestión son las instituciones del Estado español y la propia corrección del Estado”.
Sorprende finalmente el contraste con otros casos de ataques reales a la independencia de concretos jueces en que el CGPJ ha decidido no actuar, hecho que permite plantear si el motivo real de la actual intervención sea no tanto la existencia (o “inexistencia”) de un ataque a la independencia como la trascendencia que desde el CGPJ se atribuye al objeto de la causa penal del “procés” instruida por el juez afectado (es decir, la soberanía y la unidad nacionales).

Barcelona, 11 de julio de 2018