Ante la reciente decisión del Gobierno del Estado de actualizar las pensiones del Sistema de Seguridad Social solamente en un 0,25%, Ágora Judicial, asociación judicial comprometida en la defensa de los derechos fundamentales y sociales reconocidos en la Constitución y en el Derecho Internacional, manifiesta su convicción de que la política legislativa, iniciada el año 2012, de desvincular la revalorización anual de las pensiones respecto del IPC, entra en contradicción con diversos mandatos constitucionales y de Derecho Internacional:

– En primer lugar, con el art. 50 de la Constitución, que establece la obligación del Estado de garantizar, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica de los/las pensionistas.

– Con normas de derecho internacional como el convenio 102 de la OIT (art. 10), el Código Europeo de Seguridad Social (art. 65.10), la Carta Social Europea (arts. 12.2 y 12.3.) y el 1er protocolo del Convenio Europeo de Derechos humanos, normativa que establece, de forma nítida, la obligación por parte de los Estados de preservar el poder adquisitivo de los pensionistas frente a los incrementos del coste de la vida.

Consideramos, también, que esta política de regresión protectora tiene, además, un evidente impacto negativo de género ya que –estadísticamente y en razón de la perpetuación de roles y la atávica discriminación salarial- son las mujeres las titulares de las pensiones más bajas y quienes, por ello, dado el criterio estrictamente porcentual de la exigua revalorización, se ven más penalizadas.

Como señala el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en sus sentencias de 13.12.16 (Belane Nagy c. Hungría) y de 7.3.17 (Baczúr c. Hungría), el amplio margen de racionalización del que disponen los Estados respecto de sus sistemas de Seguridad social no pueden justificar medidas carentes de toda proporcionalidad ni pueden comportar un sacrificio individual excesivo, ya que la Seguridad Social no deja de ser “la expresión de la solidaridad de la sociedad con sus miembros más vulnerables”.

En definitiva, creemos que esta política legislativa de práctica congelación de las pensiones en los últimos años aboca al empobrecimiento, a la marginación o incluso a la exclusión social de parte de la población, lo cual resulta difícilmente compatible con un régimen que, según el art. 1.1.de la Constitución, se define como social y democrático.

13 de marzo de 2018