En relación al acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial de fecha 8 de marzo de 2018 que deniega el reingreso a la carrera judicial al Magistrado Santiago Vidal por “falta de aptitud” como consecuencia de su “falta de lealtad a las Instituciones del Estado y a la Constitución”, queremos manifestar que si bien la LOPJ exige una previa declaración de aptitud (a los efectos de constatar la carencia de antecedentes penales del interesado que solicita el reingreso a la carrera judicial, así como el hecho que no incurrir en ninguna causa de incompatibilidad y que está capacitado también físicamente y psicológicamente para el ejercicio de la función judicial), no regula la posibilidad que esta declaración sea negativa ni los efectos que ello comportaría.
Entendemos, asimismo, que la denegación de su reingreso en los términos en que se hace supone de facto la imposición de una sanción encubierta de suspensión de funciones de duración incierta que no tiene amparo en la LOPJ y que conculca el principio de tipicidad previsto al arte. 25 CE y el resto de principios y garantías que rigen el procedimiento, con vulneración del principio de inamovilidad judicial. Además, la resolución se adopta por un órgano que, en su caso, no tendría atribuida esta competencia.
Hacer depender la posible reconsideración ulterior de su futuro en base al comportamiento público o político o de cuestiones estrictamente ideológicas, especialmente cuando estamos acostumbrados a que destacados y conocidos miembros de la judicatura las emitan sin que se haya iniciado un procedimiento sancionador o un expediente de no idoneidad, constituye una intromisión ilegítima en el terreno de las libertades individuales.

10 de marzo de 2018