En relación con el auto de 23 de marzo de 2018 por el cual el instructor del Tribunal Supremo acuerda la prisión provisional de diferentes procesados en la causa seguida por delito de rebelión, Ágora Judicial efectúa las siguientes consideraciones:

1. Hay que recordar que la judicialización de un problema político como el que se vive en Cataluña no sólo es inapropiada sino que en ningún caso lo resolverá e, incluso, es muy probable que lo empeore.

2. Una vez judicializado el problema político, es responabilidad exclusiva del poder judicial y, en este caso, de la jurisdicción penal darle el alcance jurídico que esté justificado en función de la relevancia penal de los hechos y lo tiene que hacer según criterios jurídicos y no políticos y según el principio de legalidad y no el de oportunidad. Así lo impone el principio de separación de poderes.

3. Ágora Judicial, como ya ha dicho en otras ocasiones, pone en entredicho que se den los elementos típicos del delito de rebelión, especialmente la violencia, hecho que se tendría que tener en cuenta al analizar la conveniencia de proseguir la instrucción o de adoptar medidas cautelares como la prisión preventiva.

4. En cualquier caso, la prisión preventiva es por su propia naturaleza una medida excepcional, que se tiene que adoptar de manera restrictiva. Tiene que concurrir alguna de sus tres finalidades (riesgo de fuga, de reiteración delictiva o de destrucción de pruebas). Estos riesgos se tienen que valorar de manera individualizada para cada procesado y no pueden consistir en valoraciones de la conducta futura del procesado basadas en consideraciones ideológicas, en actuaciones de terceras personas o en la solidaridad colectiva entre los procesados. Si durante la instrucción se ha acordado una prisión preventiva eludible con fianza y el procesado ha cumplido todas las condiciones impuestas por la instancia judicial y ha comparecido siempre que ha sido citado, no parece justificado cambiar la situación personal en prisión incondicional, especialmente si no se ha producido con posterioridad un cambio relevante de las circunstancias.

5. Si, además, estas medidas restringen el derecho de participación política de los afectados y, en última instancia, de los ciudadanos que los votaron, su desproporción es más notoria. Así mismo, el momento elegido para adoptar estas medidas puede interferir en un proceso político relevante como es la investidura parlamentaria de un presidente de la Generalitat, a pesar de que pocos días antes se había declarado compleja la causa para poder alargar la instrucción.

Barcelona, 23 de marzo de 2018