Lengua

Denunciamos que el Poder Judicial no cumple los mandatos de la Carta Europea de las Lenguas regionales o minoritarias (CELRM), tratado internacional que es ley interna, al haber sido ratificado hace más de 15 años por España.

El respeto a las lenguas cooficiales, que se proclama también en el arte. 3.3 de la Constitución, el que las califica de “patrimonio cultural que debe gozar de especial respeto y protección”, es prácticamente ignorado en la Administración de Justicia. Vemos que el uso de las lenguas cooficiales en esta administración contrasta con su uso social, siendo en el ámbito judicial prácticamente inexistente. Demasiadas veces no se garantiza ni siquiera que la persona imputada penalmente declare en su lengua propia, derecho reconocido en el art. 9 de la CELRM y el 231 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y aún menos se garantiza el derecho de opción a escoger la lengua del proceso, también reconocido en la CELRM.

Todos los tribunales y juzgados del Estado, cuando actúan en primera instancia, están obligados a respetar el derecho de opción lingüística, aunque tengan sede en Madrid, en beneficio de la persona imputada o demandada, tal como se establece en la carta Europea. Pero no se ponen las garantías ni los medios, ni siquiera en el ámbito territorial de las CCAA.

El Comité de Ministros del Consejo de Europa ha recriminado reiteradamente este incumplimiento del derecho de opción lingüística por parte del Estado Español. Exigimos al CGPJ un programa que permita el cumplimiento de la Ley, respetuoso con los derechos lingüísticos de los ciudadanos y los mandatos constitucionales y legales en esta materia, que permita avanzar en la superación efectiva de la situación de grave discriminación lingüística de las lenguas cooficiales en el ámbito de la justicia.