La noticia que el PP pretende impulsar una ley para apoyar la maternidad que podría incluir una medida que comportaría que les mujeres “sin papeles” que dieran sus hijos en adopción no fueran expulsadas inmediatamente del país, nos parece alarmante porque, de ser cierta, la propuesta conculcaría derechos humanos fundamentales como la dignidad y la integridad moral, los derechos del niño y de protección de la familia reconocidos en tratados internacionales a la vez que principios básicos como la necesaria solidaridad entre las personas y los pueblos. El índice de natalidad de un país no se puede incrementar incentivando las adopciones en base a la miseria, la falta de recursos de toda índole y la angustia y el miedo de las mujeres que acuden al mismo huyendo de situaciones deplorables. Por estas circunstancies de vida miserable, para darles una vida mejor, la mujer puede dar en adopción a su hijo o hija, lo que por su parte constituye una gran manifestación de amor.
En un mundo globalizado los países más ricos también son responsables de las condiciones de vida de los países menos desarrollados y tienen la obligación de mejorarlas mediante la ayuda e intervenciones internacionales. Procurar soluciones a la problemática de la migración es un reto que los países deben afrontar siempre desde la perspectiva de la protección y el respeto a los derechos humanos, la solidaridad y la integración. Aprovechar situaciones no deseables por desesperadas para intentar rejuvenecer la población envejecida de un país, no solo conculca derechos y principios básicos, sino que convierte la adopción, que debería ser siempre un acto de amor y solidaridad humana, en algo miserable. Dar los hijos e hijas en adopción no es algo que se deba fomentar, como la acción de adoptar, sino que se debe evitar, procurando que no se produzcan aquellas situaciones y condiciones que lo provocan.
La natalidad se incentiva facilitando guarderías gratuitas, remunerando el trabajo de las mujeres igual que el de los hombres, garantizando los derechos laborales durante y después del embarazo, educando en igualdad y procurando, en definitiva, que la maternidad no comporte una carga personal y laboral para las mujeres que les determine a renunciar o a posponer ser madres. Medidas en este sentido es lo que demanda la sociedad a los políticos, es fácil saberlo, ¡el 8 de marzo así se recordó fuerte y alto! Lo que hace falta es quererlo y hacerlo.
Barcelona, 15 de marzo de 2019